Ejercicio de Ortografía Nº 13

  
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CAPÍTULO IV.
DE LAS GARANTIAS DE LAS LIBERTADES Y DERECHOS FUNDAMENTALES.

Artículo 53.
1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II del presente Título inculan a todos los poderes públicos. Sólo por Ley, que en todo caso deberá respetar su contenido eencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161.1.a.
2. Cualquier ciudadano podrá recaar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo II ante los ribunales ordinarios por un procedimiento asado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a traés del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.
3. El reconocimiento, el repeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo III, informará la legislación positia, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las Leyes que los desarroen.

Artículo 54.
Una Ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comiionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá superviar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.

CAPÍTULO V.
DE LA SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES.
Artículo 55.

1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3; artículos 19, 20, apartados 1, a y d, y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspenddos cuando se acuerde la declaración del estado de exceión o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se eceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción.

2. Una Ley Orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de andas armadas o elementos terroristas.

La utilización injustificada o ausiva de las facultades reconocidas en dicha Ley orgánica producirá responsabilidad penal, como iolación de los derechos y libertades reconocidos por las Leyes.

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